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lunes, 19 de julio de 2010

La clausula de escape del 82%


Podríamos analizar este caso con el juego de Stackelbeg, de la Teoría de los Juegos. El gobierno mueve primero (gasta discrecionalmente) agotando así la posibilidad de la oposición de decidir sobre el gasto (porque después de que gasta el gobierno, gastos adicionales serían fiscalmente insostenibles). En este contexto, la propuesta del 82% se anticipa al previsible incremento electoral de jubilaciones subiendo la apuesta, de modo de: a) primeriar una decisión de gasto del gobierno (el previsible incremento electoral...), y b) obligarlo a vetar la propuesta para correrlo "a la derecha" (cuánto ha cambiado la abusada topología política heredada de la revolución francesa).

Incidentalmente, la propuesta actualmente en estudio (que indexa haberes por CVS y la mínima por salario mínimo), deja abierta una curiosa puerta de ajuste: retrasar el salario mínimo, desandando el camino recorrido en los últimos años. Simplificando, en la poscrisis los haberes previsionales (deflactados por el CVS y netos de las nuevas incorporaciones de la última moratoria previsional) se mantuvieron estables pero sufrieron un progresivo achatamiento progresivo, gracias a la combinación de licuación inflacionaria e incrementos discrecionales y frecuentes del haber mínimo (en línea con un salario mínimo que subió substancialmente más que el promedio). Ahora, con el 82%, el gobierno tendría fuertes incentivos para retrasar el salario mínimo en relación al CVS, licuando en sentido opuesto, y empinando la pirámide.



Si las instituciones son en gran medida endógenas, y en particular son endógenas a los costos políticos de violarlas, estimular la creencia de que se puede gastar (con perdón del antiquismo) a troche y moche sólo contribuye a exacerbar la puja distributiva. Más simple: si nuestra clase política nos asegura que sobra la plata, ¿con qué argumentos nos venderá la racionalización del gasto o la coordinación de expectativas salariales cuando decida bajar un cambio en la variación de precios?


El proyecto tiene tres problemas serios. Vamos por partes 

El primero es político. El debate tal como está planteado instala y convalida el sesgo expansionista del gasto público que el gobierno ha practicado en el último trienio y que difícilmente logre desarmarse sea quien sea el gobierno en 2012, Esto se da en el marco de una situación fiscal que ha perdido ya la holgura que tenía hace algunos años. No es este un problema, aclaro, asociado a las políticas de subas del gasto sino a la de hacerlo en forma irresponsable, esto es, de manera descoordinada con el resto de las variables macroeconómicas (por ejemplo, ignorando el momento del ciclo económico o la calidad de las fuentes de financiamiento)

Sobre el segundo problema ha corrido y correrá mucha tinta. La reforma generaría serios problemas de sostenibilidad fiscal a partir del desequilibrio de flujos de ingresos y egresos previsionales. El problema no es nuevo ni argentino: la población que hoy se jubila nació durante los primeros gobiernos peronistas, en una época con una tasa de natalidad muy superior al actual, lo cual genera un desbalance en la relación entre jóvenes activos y ancianos pasivos. Si entre 1914 y 1947 la población crecía a una tasa interanual de 2.1% y entre ese año y 1960 a 1.8%, hoy lo hace a no más de 1.1%

Sin embargo, creo que hay una tercera crítica, que hasta ahora no ha sido tenida en cuenta.

Como el lector sin duda ya sabe, la propuesta de movilidad de las jubilaciones está estructurada en dos partes. La primera de ellas es una vinculación automática de la jubilación mínima al salario mínimo vital y móvil en tanto la segunda actualiza todas las jubilaciones a partir del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) que diariamente publica el INDEC.
 
De esta manera, se incorpora al gasto público una práctica de actualización automática (esto es, una que sacrifica discrecionalidad en beneficio de una regla) que tiene una particular asimetría: En tanto el Salario mínimo vital y móvil es una herramienta de política económica, el CVS no lo es (excluyendo, obviamente, la posibilidad de que el gobierno manipule el CVS)



Entonces, imaginen un escenario futuro donde el gobierno, acogotado por restricciones presupuestarias deba frenar el crecimiento de la masa previsional, que de aprobarse la reforma pasará en un futuro no muy lejano a llevarse algo así como la mitad del presupuesto nacional. En el marco legal propuesto por la reforma, el gobierno tendría sólo una forma de hacerlo: pisar salario mínimo y, a partir de allí, la jubilación mínima, situación que actuaría en el sentido inverso al achatamiento de la pirámide que se ha visto en los últimos años y que tendría un impacto regresivo evidente.
 
Entonces la pregunta es ¿Realmente queremos arrinconar el accionar de este y los futuros gobierno, sea quien sea que esté a la cabeza, dejándole solamente una cláusula de escape regresiva?



Parece una apuesta arriesgada.
Si, en cambio, lo que se busca es una movida política que se anticipe a la esperada suba electoral del gasto en 2011 ¿Por qué no inducir una reestructuración del gasto público en la Ley de Presupuesto que ya comienza a debatirse?