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jueves, 11 de noviembre de 2010

Caeria el Secreto Bancario Uruguayo

Es una noticia significativa para nosotros porque se estima que el 20% de los ahorros argentinos en el exterior se hallaría en la otra orilla del charco.

El Senado uruguayo dio media sanción al proyecto de ley destinado a la flexibilización del secreto bancario, uno de los ejes del negocio financiero local. Dicho proyecto surgió en respuesta a la inclusión de Uruguay en una lista de paraísos fiscales el año pasado, por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

Desde entonces, el país vecino se comprometió a colaborar con la aplicación de la normativa internacional y firmó acuerdos con otras naciones para salir de esa “lista gris”, garantizando el intercambio de información tributaria.

De concretarse, el proyecto también afecta a la plaza no residente: más del 20% de los depósitos en Uruguay corresponden a extranjeros, y en su mayoría argentinos.

Esta medida autoriza el levantamiento del secreto bancario si un juez accede a la solicitud de un organismo fiscal ante casos de sospecha de fraude o evasión. Además incluye gravar los activos de los uruguayos en el exterior.

Por otro lado, dichos organismos también tendrían vía libre para analizar las cuentas de extranjeros no residentes en el país, a pedido de otras naciones con las que Uruguay tenga convenios de intercambio de información tributaria.

Pese a las oposiciones y controversias que generó en la plaza financiera, este proyecto ya obtuvo media sanción en el Senado, y aguarda ser tratado en Diputados. Sus impulsores afirman que la nueva ley establece las garantías necesarias para resguardar los derechos individuales.

Eber Da Rosa, senador del sector opositor Alianza Nacional, de centroderecha y defensor de la iniciativa, aseguró: "El secreto profesional bancario no puede ser levantado por cualquier pretexto de fiscalización o control, sólo como forma de excepción bien acotada y reglamentada."

Por su parte, la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU), sostuvo que los cambios a la actual normativa son negativos al avanzar sobre libertades establecidas del individuo.

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